Grupo COBI conversó con con la Madre Maria Helena Peña, rectora del Colegio Bilingüe La Enseñanza de Bogotá, sobre la posición de las instituciones educativas frente a los procesos jurídicos que deben enfrentar por las tutelas interpuestas por responsables de pago morosos que exigen documentación académica.
A continuación, presentamos la transcripción de esta entrevista:
En su experiencia como rectora, ¿qué opinión tiene sobre las tutelas que normalmente imponen los responsables de pago morosos para obtener documentos sin haber pagado al colegio por la contraprestación por el servicio prestado?
Debo indicar que lamentablemente los jueces de tutela tienden a tutelar el derecho a la educación sin observar o exigir los requisitos previos para poder indicar que se está vulnerando un derecho. Es importante resaltar que parte de los requisitos previos para la exigencia de títulos académicos y certificados de calificación sin haber honrado el contrato educativo (pagar la contraprestación por un servicio ya prestado) es, entre otras cosas: demostrar la incapacidad de pago o las causas de fuerza mayor que lo llevaron a la mora, no es solamente enunciarlos, es necesario demostrarlos.
En lo particular, me llama mucho la atención ¿por qué un papá inicia un contrato con un colegio privado, con unas pensiones que se salen de su alcance?, ¿por qué no buscar una institución con pensiones más moderadas o incluso una institución oficial? Me parece que se empieza un contrato de prestación de servicios educativos de una forma que no es honesta.
Como rectora yo puedo entender que en el transcurso del contrato se den situaciones como una calamidad, la pérdida de un empleo u otros particulares que afecten el pago oportuno de las pensiones. Nosotros tenemos los mecanismos para poder verificar esta situación por su historial de pagos, si fueron cumplidos en el pasado o no y para esto tenemos mecanismos de ayuda previstos, pero es una situación totalmente diferente cuando desde el mismo inicio del convenio el padre de familia deja de pagar o sencillamente nunca paga. Esto demuestra que no hay voluntad de pago.
Un punto importante a resaltar es que el Ministerio de Educación Nacional, a través de las secretarias de educación, ha venido colocando en las resoluciones de costo de forma explícita que las instituciones educativas no están obligadas a la entrega de ningún tipo de certificaciones si el titular se encuentra en mora y no ha demostrado la justa causa del mismo.
Una triste realidad, en mi experiencia, es que en los procesos tutelares las personas (responsables económicos) dicen muchas mentiras… siempre indican que propusieron acuerdos, plantearon alternativas, que el colegio nunca les escuchó, nunca les ayudó, ¡incluso indican que estuvieron hospitalizados por COVID! Yo me pregunto ¿Por qué el Juez no les exige pruebas que sustenten lo que dicen? Eso me hace pensar que en muchos casos los jueces lamentablemente, no hacen la labor, aunque también debo reconocer que he tenido la experiencia de tutelas que se ganan porque, hemos presentado pruebas, ya que en todos los casos, desde el colegio intentamos normalizar la obligación con el responsable económico y éste es el que ha incumplido al acuerdo en reiteradas ocasiones. Cuando un juez es juicioso revisando las pruebas ofrecidas, por lo general, la tutela falla a favor del colegio, porque el derecho nos asiste y porque hablamos con la verdad.
Madre, usted me menciona algunos aspectos importantes que traigo a colación como preguntas: ¿Cómo el colegio demuestra que ha intentado acercamientos con estas familias para conciliar y así evitar la vía legal?
Precisamente por estas situaciones buscamos apoyo en entidades como COBI, porque aparte de realizar las gestiones necesarias para lograr el recaudo, COBI tienen la capacidad de almacenar de forma organizada el registro y evidencia de las conversaciones y acuerdos de pagos realizados. Yo como rectora también realizo las gestiones necesarias para buscar soluciones frente al no pago, cuando se dan estas situaciones (citas o conversaciones con familias), siempre dejo un acta de lo acordado o lo conversado. Este documento más los seguimientos realizados desde COBI han sido vitales para demostrar ante los jueces que hemos agotado instancias para ayudar a la familia.
En las últimas resoluciones de costos, el Ministerio de Educación ha resaltado que las instituciones educativas privadas no están obligadas a entregar documentación académica si existe mora, ¿siente que esto es un cambio en la perspectiva del Gobierno y que efectivamente están reconociendo que los colegios privados tienen un severo problema de cartera?
Creo que desde el 2017, después de una sonada sentencia, el Gobierno poco a poco ha tomado conciencia de lo grave de este problema, el Gobierno estaba fomentando una incultura del no pago al permitirle a los deudores mecanismos legales para eludir sus compromisos, esto se les estaba saliendo de las manos, muchas instituciones educativas cerraron por este problema. Pienso que el Gobierno sí está dando pasos en la dirección correcta, está atendiendo a la población que no puede asumir solos la inversión de la educación de sus hijos, creando instituciones oficiales y fortaleciendo las existentes, así mismo ya está abriendo los ojos frente a lo desatendidas judicialmente que estamos las instituciones privadas.
Frente a la desatención jurídica que menciona, ¿qué tan importante ve usted que es dejar desde antes incluso de las matriculas, las reglas claras (un contrato claro, un buen pagaré con su respectiva carta de instrucciones, un buen manual de convivencias, entre otros) y qué tan importante es para usted en el organigrama de su colegio la existencia de un departamento jurídico?
Es absolutamente fundamental, sin estos documentos nos quedamos sin soportes legales, siempre hago mucho énfasis al personal encargado en el colegio para que revisen con mucho detalle que todo quede debidamente diligenciado con todos los datos solicitados y por supuesto, debidamente firmado. Ahora bien, frente a la importancia de un departamento jurídico brindando apoyo te digo, es imprescindible, nosotros somos expertos en educación, lo que significa que debemos contar con un personal especializado en los ámbitos legales, un colegio no solo requiere un buen asesor jurídico para temas económicos (cartera), también es necesario para todos los asuntos contractuales, comerciales, laborales, derecho educativo, derecho de familia, en fin, son muchas las situaciones que como institución debemos afrontar donde sí o sí, requerimos del apoyo de una asesoría jurídica.
Como última pregunta, ¿cree que la demanda realmente es la solución a los problemas de cartera?
Los procesos de demandas tienden a romper relaciones, es un proceso desgastante e incluso traumático, en consecuencia, es mucho mejor intentar un acuerdo, como dice el dicho, “en ocasiones es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, por esto, desde el Colegio Bilingüe La Enseñanza siempre he procurado llegar a acuerdos conciliatorios y no llegar a un proceso de demandas. También es importante como instituciones educativas, desde Conaced Nacional, intentar un ejercicio donde realmente nos agremiemos para hacer frente a estos desaciertos legales de los cuales, en ocasiones, nos perjudican al punto de tener que tomar decisiones como el cierre definitivo de los establecimientos educativos.